El análisis desarrollado por la consultora Probatio para la Alianza por la Salud Alimentaria —de la que somos parte— sobre el presupuesto asignado para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes señala que éste no responde a una política pública de Estado, lo que se expresa en un presupuesto que se refiere únicamente a “acciones, programas y estrategias” aisladas y no a la instrumentación de una política pública articulada y efectiva.
El documento muestra que lo reportado como recursos destinados a la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes:
- Incluye programas presupuestarios existentes previamente al establecimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, y la incorporación del impuesto especial a bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica;
- No hay información clara sobre el destino de los recursos previstos para la prevención en las leyes de ingresos de 2014, 2015 y 2016;
- Parte de los programas no han ejercido recursos asignados para la prevención del sobrepeso y obesidad.
Se señala la ausencia de una política pública rectora —y por consiguiente de un programa presupuestario— para la prevención del sobrepeso y la obesidad, lo que diluye los esfuerzos realizados para cumplir con los objetivos rectores del Estado en materia de salud.
Asimismo, se señala que se requiere de una política pública de Estado establecida en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad para asegurar la continuidad de la política pública, la integración intersectorial, la asignación de recursos y la evaluación adecuada de las políticas públicas para la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Una Estrategia es débil frente al cambio de Administración, no garantiza la permanencia.
Se propone al Legislativo, como medida de emergencia, y con el fin de subsanar la ausencia de una política pública de Estado, que a través de las facultades que brindan los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública se abra un espacio de análisis y debate plural para crear un programa federal específico dentro del proyecto de presupuesto anual para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
Actualmente, los recursos que aparecen destinados a la prevención se encuentran disgregados y no forman parte de un programa presupuestario tipo “P” que son los que se vinculan con políticas públicas.
Es importante notar que la implementación de acciones tendentes al control y prevención del sobrepeso y de la obesidad se ha realizado bajo las figuras programáticas presupuestarias “E” y “U”, principalmente. De acuerdo con el Anexo 2 del Manual de Programación y presupuesto 2016, los Programas presupuestarios “E” corresponden a la “Prestación de Servicios Públicos” y los programas “U” se refieren a “Otros subsidios”.
Es necesario la implementación de un Programa Presupuestario tipo “P” de “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, el cual contempla las siguientes características: “Actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento”. Todas éstas se corresponden con las atribuciones previstas en la Ley General de Salud. Este tipo de Programa Presupuestario “P” se ha establecido para la prevención y atención del VIH/SIDA, sin embargo se carece de él para enfrentar la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes.
Solamente a través de un Programa Presupuestario “P” se puede empezar a construir una política de Estado capaz de reorientar la relación entre actores corresponsables en materia de prevención y control del sobrepeso y la obesidad, así como para instaurar los principios rectores para la coordinación, promoción, apoyo, fomento, vigilancia y evaluación de las acciones, estrategias y programas.
En este esquema, la propuesta de creación y eventual puesta en práctica de un Programa Presupuestario “P” es el punto de partida, pues además de crear sinergias y racionalidad económica permitiría inscribir las acciones para combatir los problemas asociados al sobrepeso y la obesidad en el marco de una “política de Estado”, no sólo transversal en el ámbito de la Administración Pública Federal, sino también en cuanto al Federalismo respecto a su aplicación en los distintos órdenes de gobierno. La transversalidad y el federalismo son insumos necesarios para la generación de información y de un diagnóstico real a partir de la cual se puede eficientar el diseño, la aplicación y la evaluación de la política nacional.
Por otra parte, la creación de un Programa Presupuestario “P” facilita la coordinación entre actores relevantes que sean capaces de allegarse de información y diseñar programas efectivos que atienda de forma integral los problemas asociados a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, y que al mismo tiempo generen complementariedades con las políticas alimentaria, económica, comercial y de desarrollo social que contribuyan a la creación de ambientes más saludable.
Entre las propuestas presentadas se destacó: la creación de una instancia conformada por un grupo de expertos que representen a las autoridades e institutos de salud, la academia y la sociedad civil que estén libres de conflicto de interés para que realicen un diagnóstico adecuado del problema y sus causas, y aporten elementos e información adecuada para el diseño de la política pública rectora para el control y prevención del sobrepeso y de la obesidad en nuestro país. Este grupo de expertos deberá actuar con sustento en principios teóricos y normativos sólidos y ampliamente reconocidos a nivel internacional.
Comunicado firmado por el Poder del Consumidor
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