El gobierno federal debe abandonar la actitud pasiva que ha asumido ante las problemáticas que minan la calidad de vida de las y los mexicanos, y emprender acciones efectivas para revertir tal deterioro, como es dar marcha atrás a la liberación de los precios de la gasolina.
La parsimonia que caracteriza el actuar del gobierno federal ha tenido consecuencias desastrosas para el país, como el incremento del gasto corriente; el sobre endeudamiento; la corrupción en gobiernos estatales como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge; la dependencia de las importaciones de alimentos y combustibles fósiles y la relación con Estados Unidos, entre muchos otros.
Ante el surgimiento de problemas, las autoridades voltean hacia otro lado y evaden hablar sobre ello, prefieren paliativos hasta que el asunto se ha convertido en un huracán o una pulmonía y entonces deben implementar medidas desesperadas.
Si bien el complicado trance de la relación diplomática y comercial con el gobierno norteamericano requiere, para ser superado con el menor costo posible, la mayor habilidad posible de parte del gobierno de Peña Nieto, este no puede colocar en segundo plano la afectación que el incremento en los precios de diversos productos y servicios, están provocando los precios de las gasolinas y el diésel.
Es urgente que Peña Nieto revierta los gasolinazos, porque durante la primera quincena de febrero habrá dos incrementos, o como prefiere llamarlo el Secretario de Hacienda, actualizaciones en el precio de las gasolinas, y a partir del 18 de ese mes, los precios se ajustarán diariamente acorde a las cotizaciones internacionales y al tipo de cambio del peso mexicano respecto del dólar estadounidense, acorde al esquema de aumentos para el combustible durante 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tras los incrementos en los precios de los combustibles fósiles en enero pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó quela inflación en la primera quincena de enero tuvo un incremento de 1.51%, el alza más grande para ese periodo desde 1999, y analistas estiman que la inflación se ubicará entre el 4.5 y el 4.85% al cierre del año.
Reitero el llamado al gobierno federal para que reconsidere la liberalización del precio de los combustibles fósiles ante las consecuencias que deberá sufrir la población en su calidad de vida si se mantiene esta medida.
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