El día de ayer se confirmó en medios que la Presidencia de la República ha interpuesto Controversia Constitucional por invasión de atribuciones del gobierno federal, por los llamados “impuestos ecológicos” que incluyó el Gobierno del Estado de Zacatecas en su Ley de Ingresos 2017. Tales que pretenden compensar tímidamente los graves daños ambientales y el rastro de la operación sin consideraciones sociales o ambientales de las grandes empresas mineras. Además, especie de desagravio desde el gobierno del Estado por su cancelación de la iniciativa para declarar una zona del semidesierto en el norte del estado con Área Natural Protegida, la que había sido impulsada por organizaciones ambientalistas e incluso por la Delegación de Semarnat; muy posiblemente como una manera de detener proyectos mineros que avanzan acabando con el medio ambiente.
Estos son los efectos de la Ley Minera aprobada por Carlos Salinas y que el gobierno del PRI y PAN han sostenido, y que por letra en una ley secundaria y desobedeciendo el Art. 4° Constitucional, someten a las comunidades, el medio ambiente, y el propio paisaje, a una desaparición atroz. Recordemos el desvanecimiento fantasmal de Salaverna, Zacatecas, o el accidente en Rio Sonora y Bacanuchi que afectó 7 municipios y 25 mil personas en 2014, como simples ejemplos.
Las prebendas son grandes: los periodos de concesión que otorga el gobierno a las trasnacionales y los grandes grupos mineros nacionales no tienen comparativo en ningún lugar del mundo, hasta 50 años, renovables por otros 50 años. Cobro por hectárea en promedio alcanza algunas decenas de pesos, no hay pago de regalías, trato fiscal preferencial, apoyo a la inversión, etc. etc.
Desde el punto de vista de la sustentabilidad, es de esencial justicia que los estados donde se concreta el daño de la operación minera sean los que evalúen, certifiquen y cobren los cobros para resarcir el daño ambiental, remediación, reposición, indemnización cabal a comunidades, y ojalá, en el desarrollo de tecnologías que eliminen completamente sus tremendos efectos.
Hoy el territorio y pueblo y comunidades de México, pagan todo el impacto medioambiental y social de la explotación minera, cuyos productos van a bolsillos de los grandes empresarios.
Demandamos que la operación de la gran minería y otras industrias como la silvícola, de pesca, de granjas y agricultura industriales o plantas de generación de electricidad; se regule y se autorice sólo cuando se asegure que el impacto ambiental y social será recuperable, y en su caso, las compensaciones se entreguen y apliquen localmente y sean suficientes para resarcir todo el daño ocasionado.
¡México demanda una gobernanza sustentable y participativa!
¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TOD@S!
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