Es muy preocupante la ola de ataques contra periodistas, comunicadores y activistas a favor de los derechos humanos, que se ha intensificado en el último mes en diversas regiones del país y que muestra la debilidad de las instituciones responsables de garantizar el libre ejercicio de su profesión y las actividades pro derechos humanos.
Recordemos que en un solo mes el país fue estremecido por los asesinatos de la activista Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido en Yucatán, el 28 de marzo; de la periodista Miroslava Breach, en Chihuahua, el 23 de marzo; de los periodistas Ricardo Monlui Cabrera, en Veracruz el 19 de marzo, y de Cecilio Pineda, en Guerrero, el 3 de marzo; así como los atentados contra la activista Alma Angélica Barraza Gómez, en Sinaloa el 23 de marzo, y el Jefe de Redacción del Periódico La Opinión de Poza Rica, Armando Arrieta Granados, en Veracruz el 29 de marzo.
Exigimos un cambio en la estrategia de colaboración y comunicación entre las autoridades estatales y federales, con el propósito de proteger eficazmente la seguridad y garantizar el desempeño de las actividades de comunicadores y defensoras y defensores de derechos humanos, “es urgente detener estos ataques porque cada uno de ellos representa una amenaza contra quienes laboran en los medios de comunicación y quienes dedican su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población; son un ataque contra el estado de derecho, contra la democracia”, añadió.
El reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión muestra que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha iniciado 607 averiguaciones previas y 95 carpetas de investigación por delitos cometidos contra quienes ejercen la actividad periodística, pero no ha registrado ninguna detención y únicamente tiene libradas cinco órdenes de aprehensión por delitos bajo su competencia.
Con datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actualmente 321 personas defensoras de derechos humanos son beneficiarias de dicho mecanismo.
Entidades federativas con mayor número de personas defensoras de derechos humanos actualmente beneficiarias
Ciudad de México 71
México 33
Michoacán 25
Guerrero 23
Oaxaca 23
Chihuahua 19
Chiapas 18
El Congreso de la Unión no puede permanecer expectante ante la epidemia de atentados que, contra su vida e integridad, sufren las y los activistas de los derechos humanos y periodistas a lo largo y ancho de nuestro país.
Por ello solicitaremos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, la operación del Fideicomiso y la implementación de las medidas de protección otorgadas a las y los beneficiarios de las medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Publicar un comentario