Hacemos un llamado para que la Fiscalía General del Estado de Yucatán investigue y lleve a la justicia a él o los autores intelectuales del delito de Femincidio cometido en contra de Emma Gabriela Molina Canto, particularmente se analicen desde la perspectiva de género, las líneas de investigación relacionadas con las amenazas recibidas por parte de familiares del ex esposo de la señora Molina Canto.
Mediante un punto de acuerdo, solicitamos a la Fiscalía General del estado de Yucatán garantice las medidas necesarias de protección en favor de la vida, integridad y seguridad de la señora Ligia Canto, sus nietas y nieto; y en función de las características del caso, que la Procuraduría General de la República ejerza su facultad de atracción.
Estamos preocupados por el estado de grave vulnerabilidad en la que se encuentran las hijas e hijo de Emma Gabriela, por lo que exhortamos respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que valore a través de una resolución fundada en el interés superior de la niñez, otorgar la patria potestad permanente de las hijas e hijo de Emma Gabriela Molina Canto a favor de la abuela y el abuelo, maternos.
Igualmente, solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un informe el estado de cumplimiento que guarda la Recomendación 54/2014, particularmente, sobre las medidas que se instrumentaron por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que la señora Emma Gabriela Molina Canto, sus hijas e hijo, accedieran al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley General de Víctimas.
En este sentido, requirió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que instrumente todas las medidas necesarias para atender integralmente a las hijas e hijo de la señora Emma Gabriela Molina Canto, así como las requieran para la atención de otros familiares.
El asesinato de Emma Gabriela Molina Canto muestra las consecuencias de la carencia de una perspectiva de género en las instituciones de procuración y administración de justicia; las mujeres sufren no solamente la violencia machista sino también el desdén de las autoridades estatales para atender las denuncias por violencia de género, para investigar y sancionar los feminicidios, pero no solamente, también para aceptar y cumplir integralmente las recomendaciones de la CNDH en esta materia.
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