Es muy preocupante la amenaza que la alteración del orden constitucional representa para la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de aquel país suprimiera la inmunidad legislativa, asumiera las funciones de la Asamblea Nacional y otorgara al presidente Nicolás Maduro poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil.
Es sumamente grave observar en nuestro continente la reedición de situaciones en las que instituciones democráticamente constituidas son anuladas y se conduce a las naciones a sobrevivir dictaduras.
Hacemos un respetuoso llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a analizar de manera urgente la situación en Venezuela y, conforme a sus atribuciones, determinar medidas tendientes a garantizar la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos de la población.
El Consejo Permanente de la OEA cuenta con la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico aplicable en caso de declarar que existe una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de un estado integrante.
Deben intensificarse las gestiones diplomáticas de la OEA a fin de impulsar el diálogo entre los venezolanos como medio para restaurar la normalidad democrática; pero si la diplomacia fracasa ante el gobierno de Nicolás Maduro, entonces la OEA debe ser firme y contundente y suspender al país sudamericano, con lo que este dejaría de participar en los programas y actividades de la organización.
El diálogo entre el pueblo y el gobierno de Venezuela es la vía democrática y soberana, para restaurar el orden constitucional, y con ello, la separación de poderes y la democracia representativa.
Fotografía: http://www.telegraph.co.uk/
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