En los últimos años, las organizaciones nacionales, internacionales y los mecanismos de derechos humanos han señalado los graves retos con que se enfrenta México en materia de violación de los derechos humanos. El país vive graves niveles de violencia, inseguridad e impunidad, que empeoran por la persistencia de los problemas de la corrupción, la delincuencia organizada y los altos niveles de pobreza y desigualdad.
Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presentó en Ginebra, Suiza el "Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México" como parte del grupo de trabajo que se realizó del 29 de agosto al 7 de septiembre del 2016 en la Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora.
El informe reúne las violaciones a los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en México. Monsanto, Grupo México, Grupo Higa, Pemex, Energía Eólica del Sur y la Comisión Federal de Electricidad son algunas de las empresas señaladas por los expertos de la ONU por violentar los derechos humanos de la población y a quienes intentan defenderlos.
El grupo señaló que en México faltan esfuerzos respecto a la responsabilidad de las empresas para respetar los derechos humanos y ejercerlos según lo establecen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Asimismo se percataron de que en el país, el Estado está sujeto a los intereses de las empresas debido a la gran necesidad que tiene de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente, lo que crea un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad.
La ONU-DH destacó que el gobierno mexicano aún no ha trazado pautas claras, ni ha fijado expectativas definidas para las empresas en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades.
Los expertos recomiendan fomentar la capacidad y el conocimiento de los funcionarios públicos y los legisladores de las leyes de los derechos humanos, así como la celebración de consultas con los sectores afectados para comenzar con el diseño de proyectos y estrategias que mejoren la situación.
Con información de Centro de Noticias, ONU
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