Esta tarde propuse ante la Comisión Permanente exhortar al Ejecutivo federal a realizar una contribución financiera, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y así guiar los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para solventar la actual crisis financiera y asegurar su autonomía.
El debilitamiento financiero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la CoIDH perjudica a todas y todos los habitantes del continente, no sólo a los mexicanos, y resultaría paradójico que México no encabezara el rescate de este organismo cuando ha sido beneficiado de manera inmensa de sus jurisprudencias y aportaciones en materia de derechos humanos.
Los criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco contra México, por ejemplo, animaron la reforma al Artículo 1° constitucional, de 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico. Por otro lado, el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha impulsado criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el orden jurídico interno. Los esfuerzos legislativos y judiciales de México han sido reconocidos internacionalmente.
Debemos destacar que, de manera regular, México había aportado voluntariamente 300 mil dólares anualmente a la CoIDH para el cumplimiento de su misión, sin embargo, en el informe 2015 se indica que se ha modificado la postura respecto a las contribuciones voluntarias de nuestro país a este tribunal internacional; la Canciller Claudia Ruiz Massieu anunció que no incrementaría el apoyo económico a la CIDH.
Si bien México ha sido uno de los países más cumplidos en el pago regular de sus aportaciones a la OEA, también tiene la responsabilidad de contribuir al Sistema Interamericano, particularmente de derechos humanos, más allá de las cuotas obligatorias.
Recordemos que en el marco del 55 periodo extraordinario de sesiones que tiene lugar en nuestro país, senadoras y senadores sostuvieron una reunión con la Jueza y Jueces que integran la CoIDH, quienes resumieron en una sola frase el terrible trance que están padeciendo: “somos la Corte Penal Internacional más pobre del mundo.
De concretarse la aportación financiera propuesta evidentemente sería sólo un paliativo, pero daría pie para avanzar hacia lo estructural, es decir, establecer en el Presupuesto una partida ordinaria para la CIDH y la CoIDH, que no dependa de los vaivenes políticos; por lo que también propongo que la Cámara de Diputados asigne una partida presupuestal especial en el presupuesto de egresos de la federación 2017.
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