Propuse reformar los artículos 1° y 4° constitucionales en materia de matrimonio igualitario y reconocimiento de la igualdad y dignidad humana.
La iniciativa que presenté en tribuna, plantea establecer expresamente en el artículo 1° de la Constitución que estará prohibida la discriminación con motivo de la orientación sexual y la identidad o expresión de género.
En cuanto al artículo 4° constitucional, se proyecta el reconocimiento de la existencia de diferentes tipos de familia, así como del derecho de todas las personas mayores de dieciocho años de edad a contraer matrimonio y sin poder ser discriminadas por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra que atente contra el libre desarrollo de la personalidad o la dignidad humana.
El matrimonio civil igualitario es resultado de una lucha por la igualdad y la no discriminación, un reflejo del reconocimiento de los derechos humanos, por lo que debe ser una prioridad en la agenda legislativa.
El origen de estas reformas está en la exigencia histórica de un movimiento social y ciudadano, nacido de la exigencia de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y también heterosexuales.
El derecho a contraer matrimonio constituye un derecho fundamental relacionado con la autodeterminación de las personas, mediante la cual toman decisiones esenciales sobre su vida e identidad, entre ellas, cómo y con quién compartir su vida.
El matrimonio es una forma, entre otras, de fundar una familia; para muchas personas el matrimonio forma una de las instituciones de realización existencial de especial importancia, por lo que la exclusión de esta posibilidad a las parejas homosexuales conlleva un simbolismo de exclusión de gran relevancia para las personas, aun cuando no deseen contraer matrimonio o formar una familia, o decidan hacerlo por una vía distinta al matrimonio.
Se retomó gran parte de los proyectos presentados en esta materia por el titular del Ejecutivo federal este mismo año, aunque que nadie puede arrogarse la autoría de las iniciativas, ya que no son las del Ejecutivo, no son las de Angélica de la Peña, no son las de Miguel Barbosa, no son las de Alejandro Encinas, son las iniciativas de la sociedad civil.
El significado social del matrimonio -como lo ha reconocido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- es de la mayor importancia, al constituir una de las instituciones de realización existencial más importantes de las personas, por lo que la exclusión de las parejas homosexuales -aun cuando, o mejor dicho también por el hecho que se cree una figura especial para calificar sus uniones conlleva un simbolismo muy relevante de exclusión para este grupo.
Los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se han empeñado en decir que la discusión del reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario no es una prioridad, excusándose en una falta de consenso, pero en fondo está la gran embestida de grupos religiosos que pretenden imponerse al Estado laico.
Tiene un miedo infundado a un castigo del electorado, pero la sociedad mexicana es mucho más madura de lo que suponen; a quienes piensan que esta lucha por lograr el matrimonio igualitario está muerto, yo les digo: que sin embargo se mueve.
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