Presenté una iniciativa que propone reformar los artículos 2, 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas.
La propuesta expone que la falta de reconocimiento de la población afrodescendiente en México es un gran pendiente, no sólo en el texto constitucional y las leyes, sino de una manera más general, pues se ignora su existencia histórica y su participación en la conformación económica, cultural y política de la sociedad mexicana, lo que también se refleja en la falta de reconocimiento de esta población en acciones de política pública o en el ámbito social.
La ausencia de reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en México ha implicado limitantes en cuanto al respeto, protección y garantía de sus derechos por parte del Estado, lo que las ha colocado históricamente en una situación de vulnerabilidad y discriminación.
En México existen personas que descienden de mujeres y hombres provenientes de distintas regiones de África y que forman parte de la nación; la mayoría de esas mujeres y hombres arribaron como resultado de procesos de esclavización durante el periodo virreinal (1521-1821) y otras migraron por distintas causas en el siglo XIX.
Estas poblaciones han sido ignoradas, invisibilizadas En nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (en adelante, CONAPRED) ha señalado que uno de los principales problemas de la población afromexicana es que existe poca información respecto a este grupo y a sus necesidades específicas.
La invisibilidad por otra parte, facilita la violación de derechos y libertades, aun cuando sean reconocidas de manera igualitaria para todas las personas. De este modo aumenta la vulnerabilidad, se fomenta la repetición de la exclusión y la discriminación en el acceso a derechos y oportunidades. Una de las pruebas fehacientes de que su invisibilización les ha acarreado a las personas afrodescendientes peores condiciones de vida, es que las pocas mediciones que existen muestran que viven mayores grados de marginación y pobreza que incluso la población indígena.
La Consulta para la Identificación de Comunidades Afrodescendientes en México en 2011 y 2012, que llevó a cabo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), permitió identificar que al menos 150 localidades del país en las que viven personas que se reconocen como afrodescendientes están clasificadas como localidades con altos y muy altos índices de pobreza y marginalidad , falta de acceso a servicios públicos, educación, salud, y su población enfrenta situaciones de discriminación. Este ejercicio se realizó en los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.
Es importante señalar que las mujeres, las niñas y los niños de estas comunidades sufren además violencia intrafamiliar y explotación laboral, experimentando discriminación múltiple o concatenada, lo que aumenta su situación de vulnerabilidad; igualmente es necesario considerar que las poblaciones afromexicanas son especialmente vulnerables a la discriminación, que en su base tiene prácticas e ideas implícitas y explícitas de racismo.
La iniciativa tiene los siguientes propósitos:
1. El reconocimiento explícito y jurídico de la existencia y presencia histórica y contemporánea de las poblaciones afromexicanas, así como de sus contribuciones al desarrollo económico, social, histórico, político y cultural de nuestro país.
2. El reconocimiento de derechos colectivos, a partir de su identidad étnica, tradiciones, costumbres y expresiones culturales, en igualdad de oportunidades que el resto de los integrantes de la sociedad.
3. Ser la base normativa a partir de la cual se desarrollen políticas públicas que atiendan y reviertan su situación de pobreza y desigualdad, con base en sus características y necesidades específicas.
4. Dar respuesta a una de las exigencias que la misma población afromexicana ha demandado en las últimas décadas.
5. Ser un paso inicial para eliminar la discriminación sistémica y todas sus expresiones económicas, políticas, sociales y culturales, de las que han sido objeto.
El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas es el paso inicial para sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas orientadas a impulsar su desarrollo social y económico, así como a salvaguardar, promover y fortalecer el patrimonio cultural, material e inmaterial del que estos pueblos y comunidades son portadores.
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