El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Sánchez Jiménez, propuso una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, a efecto de establecer contenidos esenciales en materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la transformación institucional, “que son necesarias para la reestructuración moderna y democrática del modelo del trabajo en México”.
La propuesta busca eliminar el corporativismo sindical que fomenta relaciones autoritarias, de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores sometan sus intereses a los del Estado y el sector empresarial.
Con esta reforma, la contratación colectiva será un instrumento normativo en concordancia con los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, resaltando las obligaciones de las autoridades jurisdiccionales y administrativas de garantizar efectivamente los derechos de libertad sindical y contratación colectiva, así como de estimular su ejercicio libre, progresivo y democrático.
Apuntala el derecho instrumental de huelga, exige erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que atente contra la huelga lícita, lo cual es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad de sindicalización y de la contratación colectiva.
Por otro lado, con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los salarios mínimos, se propone que la decisión de fijar los montos de éstos sea una facultad exclusiva de una nueva institución constitucional autónoma, cuya integración tenga como fuente la profesionalidad y la representatividad con contenido social y técnico.
Es por ello, que se propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la creación organismo autónomo de Estado, denominado Instituto Nacional del Salario Mínimo y Reparto de Utilidades, que tendrá a su cargo realizar, bajo los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia y compromiso social, los estudios para determinar los salarios mínimos.
A fin de perfeccionar la justicia laboral administrativa, a cargo principalmente de la inspección del trabajo, se plantea que la Inspección del Trabajo se eleve a rango constitucional, para enriquecer sus atribuciones y reservar al gobierno federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y previsión Social, su reorganización y el control de sus funciones.
El documento se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda.
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