El Senado de la República solicitó a los gobiernos de las 32 entidades federativas que atiendan las observaciones y recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Consideraron los senadores, en un dictamen que aprobaron en votación económica, necesario contribuir de manera efectiva en la prevención de este delito y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como mejorar las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad.
El combate a la tortura es una de las mayores preocupaciones de las autoridades y de la sociedad, por lo que es fundamental realizar un esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el respeto y la implementación de las normas jurídicas encaminadas a prevenirla, investigarla y sancionarla.
El Mecanismo Nacional promueve visitas periódicas a lugares de detención, las cuales se desarrollan desde un enfoque analítico, para constatar “in situ”, las causas y factores de riesgo que pudieran generar tratos crueles, inhumanos o degradantes e identificar las medidas indispensables para prevenirlos.
Por medio de este instrumento, durante 2016, se realizaron 565 visitas a lugares de detención e internamiento dependientes de autoridades federales, estatales y municipales en la República Mexicana, de las cuales 19 correspondieron a visitas iniciales y 546 a visitas de seguimiento a informes sobre irregularidades detectadas en visitas realizadas en 2015.
Los legisladores también destacaron que, en 2016, el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH reportó que los estados de Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca registran la mayor incidencia de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos, relacionados con hechos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
A nivel nacional, la cifra ascendió a 744 quejas, 216 sobre tortura y 528 relativas a trato cruel inhumano o degradante.
El Mecanismo constató que en los centros de detención, internamiento y custodia del país persisten prácticas violatorias a los derechos humanos que van, desde las pésimas condiciones en sus instalaciones, escasa o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación, hasta internos con funciones de autoridad e imposición de sanciones disciplinarias extremas.
Comunicado firmado por CCS / Senado
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