A partir del recrudecimiento de la guerra contra la delincuencia en México hace casi 15 años —caracterizada por el despliegue territorial de las fuerzas armadas y una estrategia de perseguir capos para descabezar organizaciones criminales— los homicidios anuales se han más que triplicado. Desde diciembre de 2006, México ha registrado aproximadamente 350.000 homicidios y el gobierno reconoce 85.000 casos de personas desaparecidas y no localizadas.
En 2012, Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando fuera presidente de México sacaría al ejército de las calles y cedería el mando a una policía federal profesional. En 2016, criticó duramente el modelo bélico de seguridad, al señalar que “no se resuelve nada” con medidas coercitivas y militarizadas. En su campaña de 2018 reiteró que reorientaría la estrategia contra la violencia. Como presidente, ha implementado programas sociales que, según su análisis, atenderían algunas de las causas económicas de la inseguridad.
Sin embargo, la desmilitarización no sólo no ha llegado, sino que López Obrador ha apostado por profundizar diversos aspectos del modelo militarizado. Este mes se cumple un año de la implementación del acuerdo presidencial que dispone la participación de las fuerzas armadas en tareas policiales hasta 2024. Asimismo, es el segundo aniversario de la legislación que creó la Guardia Nacional de México, el nuevo cuerpo de seguridad de López Obrador que, a pesar de depender orgánicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La suma de estos dos instrumentos legales no es alentadora: incluso si el gobierno retirara a las fuerzas armadas de las tareas policiales para 2024, éstas quedarían en manos de la guardia, otra institución militarizada. En este contexto, la necesaria reforma policial civil se desdibuja. Mientras tanto, todavía persisten diversos factores estructurales que fomentan la violencia en México.
El fracaso de la militarización como estrategia contra la violencia
Calderón también impulsó reformas a las instituciones policiales, afirmando que su objetivo a largo plazo era que las corporaciones civiles asumieran las tareas de seguridad. Sin embargo, dichas reformas no se tradujeron en cambios del calado necesario para garantizar la efectividad y la rendición de cuentas de las policías. Al final, la militarización se mantuvo a lo largo del sexenio calderonista. El presidente Enrique Peña Nieto repetiría, con algunas diferencias, el mismo ciclo durante el sexenio de 2012 a 2018,continuando con el despliegue militar con la anunciada conformación de una nueva fuerza federal, la Gendarmería Nacional. Durante el gobierno de López Obrador, el despliegue territorial ha incorporado un número cada vez mayor de elementos de la guardia,fuerza cuyo carácter militarizado será analizado infra. Al mismo tiempo, la participación directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad sigue hasta la fecha. En diferentes medidas la militarización ha pasado de ser una supuesta medida transitoria para convertirse en una estrategia de largo plazo.
Sucesivos gobiernos federales han puesto énfasis en la detención de capos como otro componente del modelo anticrimen, una estrategia donde las fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) han jugado un papel protagónico, con apoyo de Estados Unidos. López Obrador se ha distanciado de dicha estrategia, aunque existen ejemplos de detenciones de capos durante su gobierno.
Los resultados del modelo bélico han sido catastróficos. Los homicidios aumentaron drásticamente a partir del sexenio de Calderón (ver gráfica 1). Las detenciones y muertes de capos han fomentado la fragmentación de los grupos criminales, provocando un aumento en la violencia. Los enfrentamientos con participación de las fuerzas de seguridad detonan aumentos en los homicidios a nivel local. La abrumadora mayoría de las decenas de miles de casos de personas que el gobierno registra como desaparecidas han ocurrido durante los últimos 15 años. Una proporción importante de los homicidios y las desapariciones registradas en años recientes se concentra en determinadas regiones del país, incluyendo varios de los estados más poblados.
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