La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 42/2016, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos Zepeda, por cateo ilegal, detención arbitraria y ejecución arbitraria en agravio de seis personas, dos de ellas menores de edad, atribuibles a la actuación de elementos del Ejército Mexicano, en San Luis de La Loma, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero.
Tras concluir sus investigaciones, este Organismo Nacional encontró evidencias que confirman que con tales acciones se violaron los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal, así como el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la vida, acceso a la justicia y a la verdad, de las seis personas ultimadas.
Aproximadamente a las 14:00 horas del 1 de septiembre de 2012, mientras se festejaba el cumpleaños de una de las víctimas, 20 militares armados llegaron en dos vehículos oficiales y se introdujeron violentamente al domicilio donde se festejaba a una de las víctimas; sacaron a las dos personas menores de edad y cuatro adultos, uno de los cuales carecía de movilidad en ambas piernas, como consecuencia de un accidente automovilístico y a quien también en ese entonces se le practicó una colostomía.
De acuerdo con versión de los testigos, los agraviados fueron subidos a los vehículos militares que partieron con rumbo al poblado El Guayabo, donde cerca de las 15 horas fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego.
Con motivo de estos acontecimientos, la CNDH recibió cinco quejas e inició el expediente CNDH/2/2012/8319/Q. Con el fin de documentar las violaciones a derechos humanos, visitadores adjuntos y peritos realizaron diversos trabajos de campo para recopilar testimonios y documentos. Asimismo, se solicitó información a la SEDENA, a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y, en colaboración, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Procuraduría General de Justicia de Guerrero.
En los informes recibidos por la Comisión Nacional, la SEDENA fue la única autoridad que admitió haber participado en los hechos. De las declaraciones de los 20 elementos del Ejército ante el Agente del Ministerio Público Militar se desprenden contradicciones e inconsistencias en relación con su versión de un enfrentamiento armado.
La descripción del terreno refuerza que no se trató de un enfrentamiento armado entre las víctimas y los militares, ya que éstos refirieron que los agraviados se encontraban ocultos entre los matorrales al momento de la agresión, lo que no concuerda con el hallazgo de los cuerpos sin vida, que se localizaron en un área abierta y sin protección alguna.
En este caso, el uso de la fuerza letal fue injustificado, ya que las víctimas, al encontrarse sometidas y desarmadas, no representaban una amenaza al personal de las fuerzas armadas, pues no portaban armas de fuego, objetos, instrumentos o herramientas que pusieran en peligro la vida de los militares o de terceros.
Por todo lo anterior, la CNDH solicita al titular de la SEDENA la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica a los familiares, en calidad de víctimas, afectados por la privación de la vida de los seis agraviados, para restablecer su salud física y mental, así como una compensación y/o indemnización justa.
Al respecto, la CNDH reconoce que la SEDENA realizó acciones de reparación del daño, entre ellas, entregar alguna cantidad de dinero, cubrir los gastos funerarios y brindar atención psicológica a los familiares de las víctimas.
Se pide colaboración amplia con la Comisión Nacional en la queja y denuncia de hechos que promueva ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, y la Procuraduría General de Justicia Militar, respectivamente, para que se investiguen los delitos contra la disciplina militar que se pudieran desprender de la conducta que motivó esta Recomendación y por la colocación de armas de fuego en el lugar de los hechos.
También se le pide colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formule ante la Procuraduría General de la República, para que se investigue a los servidores públicos federales que intervinieron en los hechos y la procedencia de las armas halladas en la escena, así como capacitar en materia de derechos humanos al personal de la SEDENA para que, en el ámbito de sus atribuciones, elimine las detenciones, cateos e intromisiones domiciliarias, sujetando todo acto de ingreso a un domicilio a los requisitos establecidos en el derecho positivo constitucional e internacional.
Además, se deberá solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que dé calidad de víctimas a los familiares de las seis personas fallecidas y sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, para que en lo conducente accedan al fondo de ayuda, asistencia y reparación de daños, y revisar que los montos por concepto de indemnización sean proporcionales a los daños causados y a los estándares normativos aplicables.
Esta Recomendación, que ya fue debidamente notificada a su destinatario, puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx
Comunicado firmado por CNDH
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