Un devastador sismo golpeó México el 19 de septiembre. Cientos de personas han muerto, miles han quedado sin hogar, y servicios esenciales han sufrido daños en varias localidades. Las autoridades mexicanas deben garantizar que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción protejan los derechos humanos, sin discriminación.
El 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 ocurrió en México, impactando seriamente vastas porciones del país, especialmente la Ciudad de México y los estados de Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Más de 300 personas han muerto y miles han perdido sus hogares y propiedades. El gobierno mexicano implementó acciones de rescate de sobrevivientes y atención a la emergencia con la participación de personal civil y militar y la cooperación de la comunidad internacional. A través del país, personas tanto mexicanas como migrantes unieron extraordinarios esfuerzos para salvar vidas y ayudar a las víctimas.
Sin embargo, en los días posteriores al sismo han surgido constantes reportes acerca de la escasa coordinación entre autoridades, la requisa ilegal de alimentos y otros artículos de primera necesidad destinados a las personas sobrevivientes y la insuficiente asistencia prestada a muchas zonas devastadas, especialmente en pequeñas comunidades pobres. Reportes de los medios de comunicación afirman que las evaluaciones preliminares de personas expertas sugieren que algunas de las estructuras colapsadas podrían haber violado las regulaciones de construcción. La devastación causada por el sismo del 19 de septiembre se suma a la destrucción provocada por un sismo anterior que sucedió el 7 de septiembre. Dicho sismo, de magnitud 8.2, afectó el sur de México, incluyendo los estados de Chiapas y Oaxaca. Como consecuencia de ambos sismos, más de 150 mil viviendas fueron afectadas y al menos 250 mil personas han quedado sin hogar. No se han hecho públicos documentos oficiales sobre la propensión al riesgo y la prevención.
Hacemos un llamado a las autoridades a asegurar que los esfuerzos de ayuda y reconstrucción protejan los derechos humanos y sean implementados de forma no discriminatoria, tomando en cuenta las necesidades culturales y de género de las personas afectadas;
Instamos a las autoridades a asegurar que las personas que han quedado sin hogar cuenten con opciones de vivienda seguras y adecuadas y se les brinde acceso, con carácter urgente, a servicios esenciales:
Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de edificios defectuosos o con mantenimiento insuficiente, incluida la responsabilidad de los servidores públicos encargados de las autorizaciones y supervisión de edificios;
Garantizar el acceso a información relevante sobre la seguridad de las comunidades, incluyendo el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México y documentos similares de los estados, de manera accesible y oportuna.
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