“Estos nombramientos son un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos, a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización. Un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas” ha manifestado Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
Estos nombramientos son un reconocimiento a las decenas de personas que permanecen en prisiones en Cuba por ejercer pacíficamente sus derechos, a todas aquellas personas que viven sistemáticamente bajo vigilancia, hostigamiento y amenaza de criminalización. Un reconocimiento a la valentía y resistencia de las personas que en Cuba se sobreponen a la represión permanente y generalizada y luchan por sus derechos y los de todas las personas” ha manifestado Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
Félix Navarro es un opositor político de 71 años, fundador del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”. En más de 30 años ha sido coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, ha estado vinculado a la plataforma Cuba Decide y al Consejo para la Transición en Cuba. Félix cumple su tercera condena por razones políticas. Fue encarcelado en 1992 acusado de “propaganda enemiga” por colocar carteles “contra la Revolución” en su pueblo natal. En 2003 fue condenado a 25 años de cárcel durante los procesos penales conocidos como la “Primavera Negra”, junto a otras 75 personas opositoras, periodistas y activistas. En ese contexto, fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional. Fue excarcelado mediante una licencia extrapenal el 23 de marzo de 2011. Junto a José Daniel Ferrer, también preso de conciencia, fueron los últimos en ser liberados del grupo de los 75 al haberse negado con anterioridad a la excarcelación a cambio del exilio.
Sayli Navarro, su hija, es una activista de 38 años y cofundadora del movimiento Damas de Blanco, un grupo de madres, esposas e hijas del grupo de las 75 personas detenidas en la “Primavera Negra”. Sayli ha vivido desde niña las consecuencias de la represión estatal contra su padre. Fue expulsada de la universidad en el año 2010 por sus “vínculos contrarrevolucionarios” además, agentes de la seguridad del Estado y autoridades policiales la han detenido arbitrariamente, sometido a interrogatorios y ha recibido amenazas varias veces.
Félix y Sayli Navarro fueron condenados a 9 y 8 años de cárcel respectivamente en marzo de 2022 por hechos vinculados a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Ambos fueron detenidos de manera violenta el 12 de julio cuando se presentaron en la estación de policía de su ciudad, Perico, en la provincia de Matanzas, para indagar por la situación de los miembros de su movimiento que habían sido detenidos el día anterior durante las protestas.
Luis Robles de 32 años fue condenado en marzo de 2022 por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia a 4 años y 6 meses de cárcel por manifestarse pacíficamente en diciembre de 2020 en un céntrico paseo peatonal en La Habana. Luis portaba un cartel en el cual se leía: «Libertad», «No+Represión», «#Free-Denis» y caminaba en círculos mientras decenas de personas comenzaron a grabarlo. Luis Robles sostuvo el cartel durante varios minutos hasta que se acercó la policía, se lo arrebató y procedió a su arresto, al que Luis no opuso ninguna resistencia. Esto ocurría días después del acuartelamiento y huelga de hambre que desarrollara el Movimiento San Isidro por la liberación del rapero Denis Solís, con el que Luis quería solidarizarse, además, de expresar su apoyo al Movimiento.
Roberto Pérez Fonseca, de 41 años, fue condenado en octubre de 2021 a 10 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Roberto fue acusado de delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir, delitos tradicionalmente utilizados por las autoridades cubanas para castigar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. El Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas destacó la detención de Roberto como arbitraria, pues esta se debió al ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de reunión y de asociación, así como a la libertad de opinión y de expresión. También consideró que a Roberto le fueron violados sus derechos a un juicio justo e imparcial.
Estos nombramientos ocurren en un contexto donde las autoridades cubanas han desplegado una nueva ola represiva contra activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, intelectuales y medios de prensa independientes en las últimas semanas de septiembre. Esto ha incluido un alarmante aumento del acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, nuevas amenazas de criminalización, negación de derechos penitenciarios y preocupantes denuncias sobre el deterioro de la salud e integridad física de personas presas.
“Tras la enorme represión estatal desatada por las protestas del julio de 2021, y con muchas personas activistas, opositoras y disidentes encarceladas injustamente, el Estado cubano parece querer arrasar con toda capacidad de resistencia de la sociedad cubana, incluyendo además ahora a proyectos, espacios y activismos no vinculados a la oposición o disidencia política tradicional.” dijo Ana Piquer
Tras la enorme represión estatal desatada por las protestas del julio de 2021, y con muchas personas activistas, opositoras y disidentes encarceladas injustamente, el Estado cubano parece querer arrasar con toda capacidad de resistencia de la sociedad cubana, incluyendo además ahora a proyectos, espacios y activismos no vinculados a la oposición o disidencia política tradicional.Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
Los medios de comunicación independientes El Toque, Periodismo de Barrio y Cubanet denunciaron en editoriales y redes sociales que en las últimas semanas sus colaboradores recibieron amenazas de criminalización por parte de las autoridades. De acuerdo con las denuncias, estas personas habrían sido citadas reiteradamente por agentes policiales y de la seguridad del Estado, e informados de posible procesamiento penal por el delito de “mercenarismo”. Adicionalmente, activistas y colaboradores de medios independientes denunciaron en sus redes sociales que recibieron citaciones arbitrarias luego de lo cual fueron interrogados por autoridades y agentes de la seguridad del Estado sobre su trabajo periodístico y su relación con ciertas personas o medios, calificadas como “contrarrevolucionarias”. En ese contexto, Amnistía Internacional tuvo acceso a testimonios de al menos 20 activistas, quienes señalaron haber recibido amenazas de cárcel y ser forzados a grabarse y firmar declaraciones de autoinculpación, además de ser privados de sus teléfonos celulares y computadoras. En la misma línea, organizaciones cubanas de derechos humanos reportaron que al menos tres colaboradores de medios independientes han sido forzados a escribir renuncias públicas en sus redes sociales, donde expresan su voluntad de no colaborar con medios de prensa independientes. El 16 de septiembre la revista cultural PM Magazine anunció su cierre definitivo debido a la creciente presión y acoso contra su director por parte de agentes de la Seguridad del Estado.
“Este ambiente de miedo e intimidación permanente se suma a nuestra preocupación por las sostenidas denuncias sobre el deterioro en la situación de salud y malos tratos de los presos de conciencia Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer; así como el recrudecimiento del acoso sistemático que sufren el periodista Carlos Michael Morales, y la líder de las damas de blanco Berta Soler. Es imperativo que la comunidad internacional muestre su solidaridad y exija la liberación inmediata de las personas presas por ejercer sus derechos, y el cese de la represión y el hostigamiento contra aquellos que disienten en Cuba” dijo Ana Piquer.
Este ambiente de miedo e intimidación permanente se suma a nuestra preocupación por las sostenidas denuncias sobre el deterioro en la situación de salud y malos tratos de los presos de conciencia Loreto Hernández, Pedro Albert y José Daniel Ferrer; así como el recrudecimiento del acoso sistemático que sufren el periodista Carlos Michael Morales, y la líder de las damas de blanco Berta Soler. Es imperativo que la comunidad internacional muestre su solidaridad y exija la liberación inmediata de las personas presas por ejercer sus derechos, y el cese de la represión y el hostigamiento contra aquellos que disienten en Cuba.Ana Piquer, directora de las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional exige la liberación inmediata e incondicional de las personas presas de conciencia, y de todas aquellas injustamente encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos, al tiempo que hace un llamado al gobierno de Miguel Díaz-Canel para que respete los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacifica, y derogue leyes represivas y cese la represión hacia quienes disienten.
Para determinar si alguien es una persona presa de conciencia, Amnistía Internacional se basa en la información de que dispone sobre las circunstancias que condujeron a su detención. Al adoptar a alguien como persona presa de conciencia, Amnistía Internacional afirma que esa persona debe ser puesta en libertad de forma inmediata e incondicional, pero esto no significa que respalde sus opiniones o conductas pasadas o presentes.
Para más información o para concertar una entrevista, por favor contacte a press@amnesty.org.
Comunicado de prensa firmado por Amnistía Internacional
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