Para acotar la discrecionalidad que goza el Ejecutivo federal para realizar adecuaciones que cambian la estructura y distribución del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin ninguna obligación de informar ni rendir cuentas de ello a la Cámara de Diputados, propuse reformar el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La iniciativa tiene como propósito devolverle a la Cámara de Diputados su facultad exclusiva de fiscalización. Si bien el Ejecutivo podrá realizar las adecuaciones presupuestarias que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, se requerirá autorización del pleno de la Cámara de Diputados previo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y que las dependencias la publiquen en sus respectivas páginas electrónicas.
Las divergencias entre los Presupuestos de Egresos de la Federación aprobados y las correspondientes cuentas públicas son significativas, ya que al compararlos se detectan incrementos de hasta 15% en el total gastado en un año, de acuerdo al estudio realizado por Leonardo Núñez González en su Tesina para obtener el grado de Maestro en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económica, A. C.
Sumando las diferencias entre Presupuestos aprobados y Cuentas Públicas a partir del 2000 y hasta 2015, el resultado es que en 15 años el gobierno ha gastado 3.3 billones de pesos más, esto es denominado por Núñez González como “presupuestos ficticios”.
Es muy preocupante la cantidad de dinero que puede gastarse de manera arbitraria por el Ejecutivo; además del incremento del gasto total, éste también puede ser redistribuido de manera discrecional dentro de cada ramo hasta el punto en que, por ejemplo, dos terceras partes del gasto de una Secretaría pueden terminar en rubros diferentes a los presupuestados.
La iniciativa señala que esta práctica es preocupante porque socava la facultad exclusiva de fiscalización de la Cámara de Diputados como un mecanismo de control que evite en todo momento la discrecionalidad de un solo Poder, específicamente, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo permite.
En 2015 el gobierno federal no ejerció los 4.694 billones de pesos presupuestados, sino que gastó 4.917 billones de pesos; es decir, gastó 222 mil 570 millones de pesos más de los que originalmente la Cámara de Diputados le había asignado.
Hay que recordar que en 2015 el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, señaló que habría un recorte por 124 mil millones de pesos. El recorte no sólo fue inexistente, sino que el gasto fue superior en una cantidad aún mayor a los 200 mil millones que el Presidente señaló que costaría mantener el precio subsidiado de la gasolina”.
Acabar con este tipo de discrecionalidad es indispensable si verdaderamente el Poder Legislativo le apuesta a llevar de la tribuna a la realidad el discurso de la transparencia y la rendición de cuentas y del avance del país en la legalidad.
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